La digitalización de la educación pública está siendo impulsada por las autoridades educativas con una receptividad sorprendente hacia la publicidad de grandes corporaciones del negocio tecnológico. Sin embargo, esta transformación plantea preguntas sobre si realmente mejora la enseñanza o si simplemente promueve una visión idílica de las tecnologías digitales. Bajo el pretexto de la tecnología, se silencia la opinión de los docentes y se evita el debate sobre el valor pedagógico de las máquinas y los entornos digitales. La consejería de Educación de Castilla y León ha centrado su política educativa en la digitalización obligatoria de los centros y profesores, mostrando desinterés por el beneficio de los alumnos y el saber de los docentes. Esta política se basa en seguir los dictados de la publicidad y propagar una fe tecno-utópica, mientras se ignora la crítica y se desoyen los estudios sobre los efectos de las nuevas tecnologías en los niños y adolescentes.
La digitalización de la educación se ha llevado a cabo sin consulta a los docentes y con una falta de transparencia en el gasto de millones de euros en pantallas y dispositivos digitales. Los centros educativos han recibido equipos que no fueron solicitados y cuyo rendimiento pedagógico es cuestionable. Además, estos dispositivos se volverán obsoletos rápidamente, lo que requerirá inversiones adicionales en el futuro. En lugar de atender a las necesidades reales de la educación, como más profesores y aulas con un número razonable de alumnos, se prioriza la inversión en tecnología que no necesariamente mejora la calidad educativa.
