Mary Acebu, una mujer filipina vestida de oscuro con un chaleco de flores y boina de punto, se inclina sobre la mesa para echarle una mano a un alumno que lleva una sudadera gris y el pelo recogido en una coleta. Es una estampa clásica y cotidiana de la enseñanza universitaria, pero el telón de fondo de este tipo de interacciones está a punto de cambiar drásticamente.
Los responsables del sistema de la Universidad Estatal de California (la CSU) se han propuesto un objetivo que no pasa desapercibido: quieren convertirse en la primera institución educativa del país impulsada por inteligencia artificial. Para conseguirlo, el año pasado cerraron un contrato a dedo de 17 millones de dólares con OpenAI. La idea era poner a disposición de estudiantes, profesores y personal una nueva herramienta, ChatGPT Edu, una versión del famoso chatbot adaptada al entorno académico. Y parece que van con todo, porque recientemente han renovado el acuerdo inyectando otros 13 millones de dólares anuales para los próximos tres años.
Un escaparate millonario y las dudas en el campus
“No hay ninguna otra red universitaria, ni en Estados Unidos ni a nivel internacional, haciendo algo parecido a esta escala”. Con esta contundencia sacaba pecho Mildred García, la rectora de la CSU, en una rueda de prensa en febrero de 2025 para anunciar la alianza. Es cierto que otras facultades del país, como Syracuse, Dartmouth o la Universidad de Minnesota, han firmado acuerdos con empresas de IA, pero la CSU juega en otra liga al ser el sistema público de universidades de cuatro años más grande del país.
El problema es que, mientras la cúpula directiva pisa el acelerador, la comunidad universitaria no termina de verlo claro. En una encuesta reciente, la mayoría de los estudiantes y docentes dejaron patente su escepticismo sobre los beneficios reales de meter la IA en las aulas. Les preocupa el impacto que pueda tener en la seguridad laboral, en el desarrollo creativo y, por supuesto, en el medio ambiente. Así que la CSU se ha convertido en una especie de experimento en tiempo real: ¿qué pasa cuando la administración apuesta todas sus fichas a una tecnología que sus propios usuarios rechazan?
Si rascamos un poco en los motivos de la universidad, aparecen cuestiones de imagen. Según un documento de planificación interno de diciembre de 2024 al que tuvo acceso la prensa, los directivos calificaron esta asociación con OpenAI como “una oportunidad de marca brutal”. Ed Clark, director de información de la CSU, intentó matizar el asunto asegurando que ese documento solo demuestra el cuidado con el que buscaron a un proveedor capaz de respaldar su compromiso con la innovación y la excelencia académica.
La justificación del contrato a dedo
Para la universidad, elegir a OpenAI era simplemente la opción más rentable para poder llevar estas herramientas a más de medio millón de personas. Pero los despachos ya se olían que un contrato sin concurso público iba a levantar ampollas. En otro documento interno de 2025, pensado para capear posibles preguntas incómodas sobre la iniciativa, se aleccionaba a los portavoces para que justificaran el acuerdo argumentando que era “vital para el éxito de la estrategia de IA de la CSU”. El texto insistía en que, tras evaluar el mercado, OpenAI era la única posicionada para cubrir sus necesidades.
Tanto la universidad como la empresa tecnológica te venden esta adopción casi como un peaje inevitable para preparar a los alumnos. Clark asegura que la IA no va a dar clases ni a sustituir el aprendizaje, sino a complementarlo, porque la alfabetización en inteligencia artificial ya es un requisito ineludible en el mundo laboral. Leah Belsky, vicepresidenta de educación en OpenAI, tira del mismo hilo argumental: hablan de la responsabilidad compartida de enseñar a los estudiantes a exprimir estas herramientas para que triunfen en ese futuro del trabajo moldeado por algoritmos.
Pero en las trincheras del campus hay quien se niega a comprar este determinismo tecnológico. Martha Kenney, profesora e investigadora de ciencia y tecnología en la Universidad Estatal de San Francisco (que forma parte de la red de la CSU), pone voz a los docentes y alumnos que reclaman que su perspectiva también cuenta. Para Kenney, plantarse y rechazar el uso de esta tecnología tiene que ser una opción totalmente válida sobre la mesa. Y motivos no le faltan: desde el brutal impacto medioambiental que requiere entrenar estos modelos hasta el uso indiscriminado de material protegido por derechos de autor. De hecho, cuestiona la base de todo el proyecto, poniendo en duda que herramientas como ChatGPT Edu tengan un valor pedagógico real.
